El conselleiro del Medio Rural, José González; el portavoz del Grupo Popular, Pedro Puy, y la viceportavoz, Elena Candia, anunciaron esta mañana que el grupo acababa de registrar en el Parlamento de Galicia la proposición de ley de recuperación de la tierra agraria, un texto que recoge el marco general para la gestión de la tierra agroforestal, su ordenación de usos y el fomento de su recuperación, con el fin de poner a producir las tierras ahora abandonadas e infrautilizadas y de aportar base territorial suficiente a aquellas explotaciones existentes que la precisan. Destacaron también que esta nueva ley permitirá anticiparse a los incendios forestales, trabajar por la recuperación demográfica y por el asentamiento en el rural, y mejorar la calidad de vida de la población.
Pedro Puy destacó que “estamos hablando de una norma orientada a la dinamización y puesta en valor de nuestro rural, fijando población, promoviendo la gestión del territorio, recuperando la demografía, mejorando la calidad de vida de las personas que viven en el y del rural; y anticipándonos a los incendios forestales, mediante la prevención activa y la implantación de actividad agraria”, manifestó.
Por su parte, José González lamentó que “el enorme grado de desconocimiento de la titularidad de los predios complica los procesos de movilización, por lo que la futura ley facilitará mucho en este caso su gestión”. De este modo, y haciendo hincapié en la investigación de la propiedad, añadió que “se iniciarán procedimientos administrativos de revisión de titularidad, de aquellas parcelas en las que exista un interés por recuperarlas”. Tras ese proceso de revisión, la ley establece que la Xunta notificará los resultados al citado Ministerio para que proceda a la actualización del catastro, una cuestión demandada reiteradamente por la ciudadanía.
“El texto legal se basa en la garantía plena en los procedimientos, la seguridad jurídica en las relaciones entre los diferentes agentes que actúan sobre el territorio y la voluntariedad en su participación dentro de los diferentes mecanismos de movilidad”, aseguró. De este modo, se garantizará un beneficio económico para el propietario de las tierras, mientras aquellas personas que las quieran trabajar contarán con la superficie suficiente para una actividad económica rentable, siempre manteniendo la titularidad de los predios.
José González dijo que, junto con las concentraciones parcelarias públicas reguladas en la Metaga que se seguirán decretando, en la nueva ley se apuesta por mecanismos de movilización que permitan una mayor participación de los interesados en la gestión de las tierras. El objetivo último es mejorar la estructura territorial de las explotaciones agroganaderas y forestales gallegas, favoreciendo su rentabilidad.
MAPA DE USOS AGROFORESTALES
El conselleiro apuntó que la nueva ley pondrá en marcha un Mapa de usos agroforestales, que reflejará el empleo de las tierras y servirá de base para planificar las actuaciones de las administraciones públicas en la materia; y creará un catálogo de suelos agropecuarios y forestales, que clasificará los terrenos agropecuarios y forestales y, dentro de ellos, los suelos de alta aptitud agropecuaria en función de su aptitud productiva actual y potencial.
En la norma se establece y se detalla la declaración de abandono o infrautilización de predios, un paso previo fundamental para fomentar su gestión. Así, como consecuencia de este proceso, a los titulares de los terrenos infrautilizados se les ofrecen tres opciones: recuperar el terreno y ponerlo en condiciones de producción; ceder a un tercero su uso y aprovechamiento; o, por último, incorporar el predio al Banco de Terras. De no aceptar ninguna de estas opciones, la Agencia Gallega de Desarrollo Rural (Agader) podrá emitir resolución de declaración de abandono, que puede comportar la apertura de expediente y permite la ejecución subsidiaria de la limpieza del predio.
INSTRUMENTOS VOLUNTARIOS DE MOVILIZACIÓN Y PERMUTAS
Asimismo, la nueva ley recoge un conjunto de instrumentos voluntarios para movilizar la tierra, que convivirán con la declaración de nuevas concentraciones parcelarias en lugares en los que haya iniciativa agrícola y ganadera: los polígonos agroforestales, las aldeas modelo y las agrupaciones de gestión conjunta.
Respeto de los polígonos agroforestales José González explicó que tienen por objeto poner a producir áreas de tierra agraria abandonada o infrautilizada y con buena capacidad productiva, por iniciativa de la administración o de particulares. Dentro de esta figura se establecen también los polígonos cortaincendios, que buscan la gestión del territorio agroforestal con el fin de anticiparse a los incendios, combinando la prevención de los fuegos con la puesta en valor de estas zonas con actividad agrícola, ganadera y forestal.
José González indicó también que mediante la figura de las aldeas modelo se busca recuperar de manera sostenible tierra abandonada alrededor de los núcleos de población creando actividad agroganadera y, por lo tanto, cortafuegos naturales para anticiparse a los incendios. “La puesta en marcha de estas figuras se hace respetando en todo momento lindes y cierres perimetrales”, indicó.
Otra figura establecida en la ley es la de las agrupaciones (agroganaderas y forestales) de gestión conjunta. Este modelo de gestión conjunta no supondrá la reorganización de la propiedad de los terrenos agroforestales y comportará la obligatoriedad de su gestión y aprovechamiento de manera conjunta durante el tiempo de vigencia de la actuación en esos terrenos.
Dentro de los procedimientos de movilización, la ley regula también un sistema de permutas voluntarias para solucionar el problema de los titulares de explotaciones agroganaderas y forestales que tienen predios enclavados que dificultan su gestión y su rentabilidad.
Otra de las herramientas que incluye esta proposición de ley, dirigida a propiciar el relevo generacional en el campo, es el Banco de Explotaciones, un instrumento público de mediación que facilitará el contacto entre titulares de explotaciones que abandonan la actividad y personas interesadas en incorporarse a ellas, con el fin de garantizar su continuidad y la de sus tierras.
Por último, José González subrayó que la ley prevé medidas generales para promover la recuperación y puesta en valor de la tierra agraria, tales como ayudas públicas, líneas de crédito bonificadas y otros instrumentos financieros, y contratos temporales de gestión pública.
El texto legal contempla también proponer al Estado medidas fiscales específicas para incentivar la movilización. Dentro de ellas, resaltan las relativas a la imposición sobre la renta de las personas físicas y jurídicas para favorecer el arrendamiento de las parcelas rústicas al Banco de Terras y la transmisión o arrendamiento de los predios que se incorporen a los polígonos, a las aldeas modelo o a las agrupaciones de gestión conjunta. También, incentivos fiscales a favor de la incorporación de agentes promotores a los mecanismos de movilización, así como en los tributos estatales que afecten a las permutas en suelo rústico.
