Pablo No, licenciado en Derecho por la Universidad de A Coruña (UDC), abrió en 2018 su propio negocio: un despacho en A Coruña, Praza Avogados. En el XXV Congreso de Anembe pudimos charlar con él sobre las temáticas que abordó en el encuentro y sobre su experiencia en el evento; además, ofreció varias recomendaciones a los veterinarios para que puedan hacer frente de la mejor forma posible a las normativas relacionadas con su día a día profesional. Lo contamos en Vaca Pinta 40.
¿Qué temáticas has tratado durante tu exposición en el congreso?
Anembe, al igual que otras organizaciones del ámbito veterinario, padece con bastante incidencia las consecuencias de la proliferación continua de nuevas normativas. Esto provoca una sensación de inseguridad, porque nunca llegas a saber con exactitud qué es lo que se puede hacer y lo que no. Hay una selva normativa que requiere un esfuerzo de sistematización en la que los juristas intentamos surfear como podemos.
¿A qué se debe esto? Lo explicaba en mi charla: además de lo que es la abundante normativa, su aplicación por parte del poder ejecutivo o de las administraciones no es siempre igual. Las interpretaciones que se pueden dar a una misma disposición a veces varían, incluso dentro de la misma Administración. Entonces, como comentaba antes, esto crea una sensación de inseguridad y de impotencia que se intenta solventar de alguna manera por parte de los juristas.
En mi caso, para este evento concreto, la idea era analizar un poco cuál es la situación del veterinario de explotación, es decir, el veterinario con su ejercicio profesional en general, sus obligaciones, sus derechos, sus límites y sus garantías en relación con el ejercicio de la potestad inspeccionadora por parte de una Administración, normalmente la autonómica.
En este sentido, analizamos un poco las bases de las leyes de sanidad animal, la principal y las coetáneas, también enfocada desde el punto de vista de la responsabilidad con respecto a los medicamentos veterinarios. En la ley de garantías del medicamento hay una serie de preceptos que no son tan interesantes por frecuentes sino por saber cómo está ese tema a la hora de explicar qué es lo que se puede hacer o no, que no es mucho.
Lo que he intentado exponer hoy es que la potestad inspeccionadora es un ámbito bastante difuso en el que el administrado normalmente poco puede hacer, pero sí que es necesario analizar sus límites y sus garantías, porque en una fase posterior, normalmente en el ejercicio de la potestad sancionadora –cuando te abren un expediente sancionador– puedes así situar cuál es tu posición frente a esa inspección.
¿Cuáles son esos límites a los que te refieres?
El derecho administrativo no está tanto para decirnos qué se puede hacer y qué no, que también, sino para contener el impulso casi a veces inconsciente de todo lo que puede hacer un aparato administrativo. Entonces, lo que hemos analizado hoy es hasta dónde se pueden meter en mi actividad, en mis derechos y hasta dónde me pueden limitar. Resumiendo: mi libertad en este caso ante una inspección sanitaria o por parte de la Administración.
Estos límites son relativamente pocos, es decir, la Ley de Sanidad Animal, por ceñirnos a la más importante, habilita al inspector para prácticamente todo tipo de acciones, desde entrar en los establecimientos, tomar muestras, recopilar todo tipo de documentación, interrogar a las personas responsables, exigir informes, etc. Realmente, hay pocos límites.
¿Cuáles son dichos límites? Serían el respeto de las normas de higiene y de bienestar, de sanidad, los derechos más fundamentales como pueden ser el de defensa, la intimidad, la confidencialidad de tus datos… También el derecho a hacer constar, normalmente en el documento oficial en el que se plasma una inspección, que es una acta, cuál es tu postura, tu disconformidad, el exigir que la persona que vaya a realizar esta acción inspectora esté identificada, que cumpla con una serie de requisitos, que la propia acta también respete unas exigencias formales, etc.
No son muchos, pero sí algunos y muchas veces esa puede ser la base que permite luego defenderse ante una posible acción sancionadora.
UNA AMPLIA CARRERA PROFESIONAL
Este abogado inició su trayectoria en la Universidad de A Coruña (UDC), donde estudió Derecho. Posteriormente, en el año 1996 comenzó a ejercer su profesión y, desde 1997, es miembro del Colegio de Abogados de A Coruña.
Desde hace cinco años tiene su despacho propio en A Coruña, Praza Avogados, con delegaciones en Lugo. Este cuenta con varias ramas y él es el responsable del Área de Derecho Público.
En su momento fue abogado del Consejo Gallego de Colegios Veterinarios y siempre ha estado en la rama del derecho público ejercida desde el sector privado, defendiendo a profesionales veterinarios y a empresas del sector alimentario en general.
¿Qué claves o recomendaciones darías a los veterinarios para que las sigan y las tengan en cuenta?
Con sus ventajas y con sus inconvenientes, la tendencia normativa actual es empoderar en cierta manera al veterinario de explotación dentro de lo que es el sistema de higiene sanitario, porque es cierto que muchas veces se encontraba entre varios frentes y los decretos que se están aprobando recientemente van en esa dirección, en ayudar al veterinario a definir bien cuáles son sus funciones y sus derechos. Sin embargo, esto también implica una mayor responsabilidad, que es ahí donde se pueden producir ciertas resistencias.
Esto conlleva una mayor exigencia de información, a nivel jurídico y en otros ámbitos, por tanto, un mayor protagonismo de los operadores jurídicos a la hora de velar por la correcta aplicación de toda esta nueva normativa. Desde luego, debemos tener siempre presente que, por encima de todo esto, como ciudadanos y como profesionales, estamos arropados con una serie de garantías y derechos que deben ser manifestados y puestos en valor ante cualquier exceso de ese marco jurídico en el que podamos ser víctimas.
En ese sentido es un esfuerzo, pero hay que defenderse y no dejarse avasallar por lo que puede ser toda una Administración que se nos viene encima. Es necesario saber que tenemos nuestros derechos, nuestras garantías, que no todo vale y que están esos límites que no se deben superar. En este caso, el veterinario tiene que ser consciente también de que hay profesionales, como los que formamos Praza Avogados, que estamos para asesorarlos, defenderlos y acompañarlos ante situaciones como puede ser la de una inspección sanitaria.
¿Cómo estás viviendo este Congreso de Anembe? ¿Cuál es tu opinión?
Mi impresión es muy positiva y felicito desde aquí a la organización por prestar atención a este aspecto del ejercicio profesional relacionado con la legislación, que muchas veces está dejado de lado porque pensamos que nunca nos va a afectar. Entonces, que este sea uno de los temas en los que se han centrado en esta edición me parece fundamental para la formación y educación en este ámbito: al final son nuestros derechos. Doy también las gracias a Anembe por haberme permitido participar y reitero mi enhorabuena por el éxito de este congreso.
