El Consejo de Ministros ya ha aprobado, a propuesta del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA), un paquete legislativo compuesto por ocho reales decretos que regulan la aplicación de la Política Agraria Común para el próximo periodo de programación 2023-2027 y que entrará en vigor el 1 de enero. En total, son ocho reales decretos que se suman a la ley que regula el sistema de gestión y a los de intervenciones específicas para los sectores de frutas y hortalizas, vitivinicultura y apicultura ya aprobados, que garantizan la aplicación y coordinación de la nueva PAC en enero.
Seis de los ocho decretos regulan cuestiones ligadas a la gestión de las ayudas: gobernanza; intervenciones del plan estratégico; requisitos comunes y solicitud única; ayuda básica a la renta para la sostenibilidad; condicionalidad reforzada y condicionalidad social; gestión y control de las intervenciones y el Sistema de Información de las Explotaciones (SIEX). Los otros dos decretos, que no afectan a las ayudas directas, pero sí a la consecución de los objetivos del plan estratégico de la PAC, regulan la nutrición sostenible de los suelos y el uso sostenible de los productos fitosanitarios.
Los agricultores y ganaderos españoles recibirán en torno a 7.150 millones de euros anuales de ayudas procedentes del Fondo Europeo Agrícola de Garantía Agraria (Feaga) y del Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (Feader). En total, el paquete legislativo de la PAC está formado por la ley y 18 reales decretos, de los que ya se han aprobado 15. Los tres que están pendientes de publicación se refieren a penalizaciones, potencial vitícola y bienestar animal, y, según indican desde el MAPA, no condicionan la entrada en vigor del plan estratégico.
