DENUNCIA AMENAZAS Y REDUCCIONES DE PRECIOS

Agromuralla se querella contra varias industrias ante la AICA por prácticas ilícitas en los contratos lácteos

La asociación de ganaderos y ganaderas Agromuralla ha denunciado ante la Agencia de Información y Control Alimentarios (AICA), dependiente del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medioambiente, el hecho de que tras el fin del estado de alarma decretado a raíz de la alerta sanitaria provocada por la Covid-19 distintas industrias lácteas que operan dentro del territorio de Galicia hayan actuando de manera ilícita.

CONTRATOS CON REDUCCIONES DE PRECIO

De acuerdo con el comunicado de la asociación, muchos contratos que tenían que haber sido renovados durante el estado de alarma han visto prorrogada su vigencia para, una vez restablecida la normalidad, suscribir nuevos contratos que empeoran las condiciones previas. "Aparte de que la situación por parte de las industrias lácteas puede ser constitutiva de un ilícito penal, están infringiendo varios conceptos de la Ley de la Cadena Alimentaria al aprovechar la situación generada por la situación de alerta sanitaria para presionar a los productores para que firmen contratos con reducción del precio pactado", indican. 

"Las industrias mantienen una postura impositiva y, lejos de negociar las condiciones de los contratos con los productores, imponen su voluntad y criterio, como si de un contrato de adhesión se tratase, dejando al productor sin capacidad de maniobra", denuncia Roberto López, presidente de Agromuralla. Además, añade López, "en algunos casos las modificaciones de los contratos que se ponen a la firma del productor contradicen el contrato en vigor al introducir un cambio en el precio establecido a través de un anexo, cuando no puede realizarse este tipo de modificación de esta manera", señala. 

A mayores, indican que, de acuerdo con el cambio acometido el pasado mes de febrero en la Ley 12/2013 de medidas para mejorar el funcionamiento de la Cadena Alimentaria a través del Real Decreto Ley  5/2020, los contratos alimentarios deben indicar expresamente que el precio pactado entre el productor y su primer comprador cubre el coste efectivo de producción pero, "en la práctica, esta cláusula está siendo utilizada por las industrias lácteas para acometer un cambio de contrato y presionar los precios a la baja".


Agromuralla acusa a Lactalis, Reny Picot, Inleit y Danone de no hacer la oferta de nuevo contrato con la antelación exigida por ley y señala la existencia de casos de amenazas por parte de Leche Río, Inleit y Lactalis

AMENAZAS Y MIEDO A REPRESALIAS

Agromuralla denuncia también que se infringe la obligatoriedad de hacer la oferta del nuevo contrato con dos meses de antelación exponiendo los casos de Lactalis, Reny Picot, Inleit o Danone, "cuya práctica habitual es poner los contratos a la firma sin esa antelación, coaccionando a los productores para que firmen de inmediato".  

En este sentido, aseguran que se están dando casos de amenazas y represalias por parte de algunas industrias, como Leche Río, Inleit o Lactalis, contra algunos ganaderos que se niegan a firmar los contratos en las condiciones impuestas. 

Así mismo, la asociación acusa a las industrias, “que son las encargadas de la toma de muestras para el posterior pago por calidades”, recuerdan, de no conservarlas en condiciones idóneas antes de su llegada al laboratorio para responsabilizar a los productores de la pérdida de calidades de la leche. 

En el escrito enviado se incluyen además copias de los anexos y de las cláusulas abusivas introducidas en los contratos por varias de las empresas, así como las cartas amenazantes enviadas a los ganaderos que se negaban a firmar, y ofrecen también la posibilidad de tomar declaración a ganaderos víctimas de estas prácticas, siempre y cuando se garantice su anonimato para evitar posibles represalias por parte de las industrias que les recogen la leche.