Agromuralla denuncia estrategia de las industrias lácteas para empeorar las condiciones de recogida en las explotaciones

La asociación de ganaderos y ganaderas Agromuralla denuncia que las industrias lácteas que operan en Galicia están siguiendo una misma estrategia premeditada que está suponiendo un empeoramiento generalizado de las condiciones de recogida de la leche en las explotaciones.

Según señaló el presidente de la asociación, Roberto López, "se están produciendo bajadas de precios en los contratos que tocaba renovar a 31 de junio e incluso modificaciones a la baja también en contratos firmados meses atrás y ya en vigor".

Para Agromuralla, las empresas se están valiendo de una serie de disculpas para empeorar las condiciones a los productores. "Primero fue el coronavirus y ahora la adaptación a la última modificación de la Ley de la Cadena Alimentaria, que obliga la que los precios en origen pagados a los productores cubran los costes de producción. Con la disculpa de la necesaria adaptación de los contratos a esa nueva cláusula, las empresas están aprovechando para revisar otras condiciones que nada tienen que ver con esa circunstancia", alerta López.

La cláusula de la Ley de la Cadena que obliga a cubrir, cuanto menos, los costes de producción, está pensada para salvaguardar unos ingresos dignos a los productores. “Sin embargo, no se está cumpliendo porque las industrias le han dado la vuelta al sentido de la norma y trasladan esa responsabilidad a los propios ganaderos, haciéndoles firmar contratos en los que se dice que el precio que les pagan cubre esos costes", explican los portavoces de Agromuralla.

Para esta asociación de ganaderos, "estas prácticas vulneran claramente el espíritu de la última modificación de la Ley de la Cadena y son consecuencia de un cambio normativo mal ejecutado, pues el Ministerio incluyó en la legislación la cláusula de los costes de producción sin determinar cómo se tienen que calcular, lo que da pie a una interpretación subjetiva de la norma".

Así, Agromuralla solicita a las distintas administraciones con competencias en la materia, tanto la gallegas como la estatales, "vigilar y poner coto a esta utilización perversa de la Ley de la Cadena".