Agricultores y ganaderos españoles se manifestaron esta mañana en el llamado ‘súper jueves’ del campo. Mostraron, una vez más, su desacuerdo con el pacto comercial Unión Europea (UE)-Mercosur y con los recortes previstos en la futura Política Agraria Común (PAC).
Las concentraciones en numerosas ciudades han sido promovidas por la Asociación Agraria de Jóvenes Agricultores (Asaja), la Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos (COAG) y la Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos (UPA). Además, otras agrupaciones regionales han secundado estas protestas, como la impulsada en la ciudad de Lugo por Agromuralla y Gandeiros Galegos de Suprema.
Las movilizaciones, en respuesta a la llamada de estos tres sindicatos a nivel estatal, se llevaron a cabo en distintos puntos de Asturias y en ciudades como Bilbao, Burgos, Zamora, Salamanca, Valladolid, Valencia o Murcia.
"Los baserritarras hemos dejado claro a la sociedad en su conjunto que no solo luchamos por nuestro futuro, si no también por una alimentación sana y de calidad para todos los consumidores", indican desde la organización agraria ENBA.
A lo largo de estos días los agricultores y ganaderos ya se concentraron en distintos lugares con la intención de trasladar a las administraciones sus demandas. En las últimas semanas, diferentes organizaciones, en conjunto o por iniciativa propia, también salieron a la calle por los mismos motivos.
Una de las razones esenciales de protesta es el acuerdo de libre comercio entre la Unión Europea y el Mercosur, que engloba como principales países a Brasil, Argentina, Uruguay y Paraguay. Los manifestantes critican la posible entrada de productos agrarios en la UE sin las exigencias productivas, sanitarias y medioambientales que el ente europeo les impone a ellos. En estas transacciones sin aranceles, la UE comprometió una serie de salvaguardias para intervenir en el mercado si fuese necesario, pero al sector no le convencen.
Actualmente, este pacto se encuentra paralizado. La semana pasada el Parlamento Europeo votó a favor de trasladarlo al Tribunal de Justicia Europeo para que decida si cumple con los tratados comunitarios. No obstante, existen dudas de la funcionalidad de este proceso, ya que la Comisión Europea podría intentar poner en marcha igualmente la parte comercial del acuerdo.
