Estamos gobernados por una banda de pseudoprogres más preocupados por el postureo y la propaganda que por resolver los problemas reales de la gente. Dirigentes sin formación (ni información) que parecen tener como principal empeño la puesta en marcha de políticas en las que la carga ideológica tenga más peso que los argumentos científicos. Vaya, que en la mayoría de las ocasiones estos gurús de la posverdad solo aciertan cuando rectifican, como acostumbraba a decir un veterano político gallego ya fallecido.
Desde el ámbito agroganadero lo sabemos bien a poco que hagamos memoria sobre lo que, por ejemplo, han dicho de la carne y la leche en los últimos tiempos. O, más grave aún, sobre lo que se ha legislado en lo relativo a la nutrición de los suelos agrarios y, más recientemente, en el plan nacional de aplicación de la nueva PAC. Documento este último, por cierto, que es lo suficientemente relevante como para consensuarlo, al menos, con las organizaciones agrarias, algo que no se ha hecho.
Por no hablar del polémico decreto de ordenación de las granjas bovinas, que la propaganda institucional ha vendido como el mecanismo para prohibir las llamadas macrogranjas. Un texto normativo que limita la capacidad de las nuevas granjas a 850 UGM y que, según el Gobierno, “es una apuesta decidida por un modelo de ganadería familiar”.
Aunque resulta evidente que nadie en su sano juicio puede estar en contra de regular una actividad que, a corto y medio plazo, debe afrontar importantes retos en materia medioambiental, seguridad alimentaria, bioseguridad o bienestar animal, sí se echa en falta que la nueva normativa se fundamente en más y mejores criterios técnicos.
¿Tan importante es el tamaño? ¿No lo es más, acaso, la sostenibilidad? Porque no siempre van unidas una cosa y la otra. De hecho, por mucho que algunos iluminados proclamen a los cuatro vientos las bondades de las explotaciones pequeñas y extensivas, la realidad es que estas no siempre acostumbran a ser las más sostenibles. Ya no solo ambiental, sino también social y económicamente hablando.
Por cierto, ¿por qué 850 UGM y no 1.000 o tan solo 500? ¿Condiciona más el desarrollo armónico y ordenado del sector –es uno de los objetivos que persigue el real decreto– una granja de 1.000 UGM que dos de 500? ¿Cuánto de más importante es la dimensión que el criterio técnico de la sostenibilidad integral? ¿Seguirán intentando convencernos de que la ganadería intensiva y el consumo de carne se están cargando el planeta? ¿De verdad es tan difícil entender que lo que no es extensivo no tiene por qué ser intensivo o macrogranja?
En resumen, que no todo lo intensivo es malo, ni todo lo extensivo es tan rentable y sostenible como nos quieren hacer creer. En cuanto al asunto este de las macrogranjas, no vale la pena darle muchas más vueltas, porque es un tema mucho más político que técnico.
Algo que, pensándolo con perspectiva, tampoco es nuevo. De todos es sabido que lo de legislar de espaldas al sector ni es nuevo ni mucho menos exclusivo de los actuales dirigentes. Ejemplos hay por docenas de que la visión de la realidad agroganadera que se tiene desde los despachos enmoquetados de Madrid difiere bastante de la que tienen o sufren los afectados.
Artículo publicado en Vaca Pinta 36
